El sistema de pensiones español cuenta con dos categorías de pensiones: contributivas y no contributivas. Las pensiones contributivas son prestaciones económicas de carácter indefinido, que se mantienen hasta el fallecimiento de la persona beneficiaria. Para acceder a ellas, es necesario haber cotizado previamente a la Seguridad Social durante un tiempo mínimo, además de cumplir otros requisitos establecidos por la normativa.
Por otro lado, las pensiones no contributivas están dirigidas a aquellas personas en situación de necesidad que no disponen de recursos suficientes para su sustento. Estas ayudas económicas pueden otorgarse incluso si la persona nunca ha cotizado o no ha alcanzado el período mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva.
Las pensiones no contributivas son gestionadas por cada Comunidad Autónoma, mientras que las contributivas son competencia del Estado. Estas últimas se dividen en tres categorías: jubilación, incapacidad permanente y prestaciones por fallecimiento.
Esta publicación analiza el impacto de género en las pensiones contributivas; en concreto, en las pensiones de jubilación. Cuando una persona trabajadora en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, alcanza la edad legal mínima para pasar a una situación pasiva o de inactividad, está ejecutando el acto administrativo que se conoce con el nombre de jubilación. En ese momento, tiene derecho a percibir la prestación económica por jubilación, incluida en todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, y que trata de sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible.
Situación actual
Mensualmente, la Seguridad Social actualiza los datos estadísticos relativos a las pensiones contributivas. Los datos más recientes, corresponden a las pensiones en vigor a 1 de febrero de 2025. En Galicia, 489.533 personas perciben una pensión de jubilación, de las cuales el 40% son de A Coruña, el 32% de Pontevedra y el 14% de Lugo y Ourense, respectivamente. La pensión media de jubilación en Galicia es de 1.283,79 €/mes.
Para poder analizar el impacto del género sobre las pensiones de jubilación, se necesitan conocer los datos desagregados por sexo. Para ello, el Instituto Gallego de Estadística, recoge que la pensión media de jubilación de los gallegos es de 1.405,93€/mes, mientras que la de las gallegas es de 1.110,41€/mes. Esto implica que la brecha retributiva en las pensiones en Galicia es del 22%.
La desigualdad laboral a lo largo de la carrera profesional de hombres y mujeres queda evidenciada en la brecha existente en la pensión de jubilación. Esta situación es extensible al resto de tipologías de pensión, en donde las cuantías colocan a las mujeres mayores en una posición visiblemente peor que la de los hombres mayores.
Hay que tener en cuenta que las pensiones son un reflejo de la carrera de cotización de los trabajadores y trabajadoras. Así que la parcialidad existente en los contratos femeninos (a lo largo de la vida laboral pero, en concreto, en la edad anterior a la jubilación) hacen que el salario y el tiempo de cotización (factores que más influyen en el nivel de protección que se alcanza dentro del sistema) sean menores en las mujeres que en los hombres. El salario y el tiempo de cotización también se ven afectados por los parones en la carrera profesional debido a los cuidados de familiares o el empleo de mano de obra femenina en sectores precarizados.
Perspectiva de género en las pensiones
Como se ha comentado a lo largo de esta publicación, la brecha de género en las pensiones (en concreto en la de jubilación) en España es una manifestación de las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres a lo largo de su vida laboral. Factores como la mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial, las interrupciones en la carrera profesional debido al cuidado de hijas, hijos o familiares dependientes y la segregación ocupacional en sectores de menor remuneración provocan que las mujeres acumulen menores cotizaciones a la Seguridad Social. Como resultado, al llegar a la jubilación, sus pensiones son significativamente inferiores a las de los hombres, lo que aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social en la vejez.
Para corregir esta desigualdad, es imprescindible que las políticas públicas adopten un enfoque integral que contemple medidas como:
- Desarrollar planes específicos para atajar la parcialidad en el empleo femenino.
- Flexibilizar los requisitos de cotización exigidos para acceder a las prestaciones contributivas de la Seguridad Social de las trabajadoras a tiempo parcial.
- Compensar los periodos de cuidados en el cálculo de la pensión, a través de un reconocimiento de tiempo cotizado dedicado a los cuidados de familiares.
- Tener en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados para poder solicitar la anticipación de la edad de jubilación, al igual que sucede en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad, mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales.
Pero no solo las administraciones públicas tienen que desarrollar políticas dirigidas a solucionar este problema. Las empresas también pueden implementar acciones específicas. Entre otras:
- Promocionar el trabajo a tiempo completo y la conciliación: muchas mujeres optan por el trabajo a tiempo parcial por dificultades para conciliar, las empresas pueden facilitar opciones de flexibilidad horaria, teletrabajo o jornadas adaptadas sin que esto implique una penalización económica o profesional.
- Contratar planes de pensiones complementarios: implementar planes de pensiones de empresa con contribuciones adicionales para las personas trabajadoras con menores cotizaciones históricas (como quienes han tenido interrupciones por cuidado familiar) ayudaría a compensar las desigualdades.
- Desarrollar planes de carrera: fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad para contribuir a que haya un equilibrio de género entre las personas trabajadoras de mayor rango salarial.
- Medidas para la corresponsabilidad: poner en marcha incentivos para que los hombres asuman más permisos de paternidad y conciliación, reduciendo el impacto negativo en la carrera profesional de las mujeres.
La introducción de la perspectiva de género en el acceso a las pensiones no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y fomentar una sociedad más igualitaria y cohesionada.